Sociedad Marzo 9, 2015

Abel Palacios denuncia a funcionarios de Cafayate por el caso de los módulos habitacionales

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Tras el escándalo por el caso de las adjudicaciones de los módulos habitacionales de Cafayate, Abel Palacios fue removido de su cargo como Inspector de Tierra y Hábitat, por el Intendente Fernando Almeda. Luego de dejar sus funciones realizó graves denuncias contra integrantes del cuerpo municipal y ex funcionarios.

Destacó que el intendente Almeda lo apartó de sus funciones por no presentar en tiempo y forma los informes sobre relevamiento y ambiental a los secretarios del Ejecutivo. El trabajo encomendado comenzó hace un año. Palacios debía censar un total de 600 módulos habitacionales. Además, contaba con la asistencia de otros funcionarios del municipio.

Palacios dijo que cuenta con pruebas legales para demostrar que existen personas a las que se les adjudicaron módulos habitacionales, a pesar de que son poseedoras de propiedades privadas. Sin embargo, los módulos se sortearon a través del Instituto Provincial de Vivienda del Gobierno de la Provincia de Salta, y sobre este organismo no garantizaron la legitimidad del trabajo del inspector.

Los vecinos se enardecieron cuando el inspector Abel Palacios dijo que el 35 % de los módulos están mal adjudicados. Es decir que de un total de 600 módulos 390 estarían en condición irregular, lo que implica en promedio un total de 1560 personas que podrían perder su núcleo húmedo, el cual en la entrega inicial constaba de 18 m2 cubiertos sobre una base plana de 200.

Palacios dice que tras una reunión con Fernando Almeda, en la que estaban presentes Rene Condori, Emilia Camacho y Gabriel Corregidor, junto a 36 familias en lista de espera, él exhibió las pruebas pero fueron desestimadas. Además acusó a un ex funcionario de tener conciencia de lo que exhibía y pedirle que abandonara la investigación.

El caso y las pruebas

Las malas adjudicaciones no pudieron ser probadas. La responsabilidad es enteramente del Instituto Provincial de la Vivienda del Gobierno de la Provincia de Salta. Las acusaciones de Palacios pueden conllevar errores de adjudicación, aunque el procedimiento para la transferencia de una familia a otra debe ser mediante la intervención del Poder Judicial.

Una mala adjudicación no evidencia que la misma esté vinculada a un acto de corrupción. El intendente pidió informes a Palacios, éste argumentó que no puede realizarlos en diez días. El relevamiento comenzó hace un año. Palacios renunció y los informes no serán presentados al Ejecutivo ni a sus secretarios, tanto de Provincia como de Municipio.

Según Palacios, presentó pruebas en las que accedió a información fidedigna acerca de personas con adjudicaciones. Sin embargo, por razones que se desconocen no las presentó en la Justicia. Por el contrario, llevó las mismas a los organismos que en la actualidad denuncia por supuesta complicidad o negligencia sobre las adjudicaciones de los módulos habitacionales.

De la Redacción de Diario Cafayate