República Noviembre 2, 2014

CFK acuerda con los Buitres

La Presidente de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, acordará en febrero de 2015 con todos los holdout (denominación técnica) o fondos buitre (denominación popular), para el pago a los bonistas que no integraron los canjes de deuda en 2005 y 2010 y los fondos NML, de Paul Singer y Aurelius, de Mark Brodsky, a pesar de todas las críticas que CFK le hizo al Juez Thomas Griesa y al Presidente estadounidense Barack Obama.

Para pagar finalmente, la Presidente Fernández, deberá derogar al menos tres leyes relacionadas con la deuda soberana que no alcanzan si quiera los dos meses de antigüedad. La primera es el cambio de lugar de pago de la deuda; la segunda es la revocación del mandato del Bank of New York Mellon como pagador de los bonos reemplazado por Nación Fideicomisos; y por último la suspensión de la ley cerrojo sin fecha para intentar un canje local.

Patria o Buitre es un eslogan que deberá ser reinterpretado. El gobierno nacional está obligado a pagar, y pagará. Pero el aspecto más llamativo es por qué. No se trata en este caso de una madurez frente a la honra de las responsabilidades nacionales. Funcionarios argentinos están señalados en la justicia internacional como autores de delitos económicos que podrían ser juzgados por la integración de magistrados de varios países del mundo.

La Presidente; el secretario legal y técnico, Carlos Zannini, y el ministro de Economía, Axel Kicillof, rediseñan las políticas para el pago directo a los fondos por un total de 19.350 millones de dólares más intereses. La razón por la que se pagará en 2015, además, es por el vencimiento de la cláusula RUFO, que permite a los tenedores de bonos de 2005 y 2010 demandar judicialmente igual trato si se les mejora la oferta a bonistas que no hubieran ingresado en aquellos canjes.

El Gobierno evalúa ahora alternativas. Una de ellas consiste en un acuerdo que involucraría a empresas y bancos privados, locales y extranjeros. No sólo se atendería el reclamo de NML y Aurelius reconocido en el fallo de Griesa por unos 1700 millones de dólares. También se atendería al 7% de los holdouts que demandan entre 7000 y 10.000 millones de dólares. Los privados adelantarían los fondos y recibirían un bono del Tesoro.

De la Redacción de Diario Cafayate