Comisión de Serenata defendió al oficialismo y culpó a la oposición

Serenata a Cafayate | Comision 2020

Serenata a Cafayate 2020 – Miembros de la Comisión Permanente de Serenata a Cafayate, justificaron la contratación de servicios para el festival folclórico que organiza el gobierno anualmente, y desacreditaron las acusaciones públicas en contra de ese conjunto y de la administración, durante una rueda de prensa.

El vicepresidente de la Comisión de Serenata, Sergio Casimiro, dijo que el motivo de la conferencia fue para aclarar las informaciones que divulgaron «los medios de comunicación» respecto del accionar y de la legalidad de los integrantes de ese conjunto.

El titular de una de las empresas de logística para espectáculos, que participó del proceso de oferta de servicios y por el que no resultó seleccionado, intimó al gobierno municipal, para que lo notificase de la adjudicación de las prestaciones de sonido, pantalla, luz y escenario.

La publicación de una carta documento, que envió la empresa al gobierno, ocasionó un debate en los medios de comunicación y precipitó un pedido de informe e impugnación, de la adjudicación de los servicios, por parte de una integrante del Concejo Delirante.

El pedido de informe e impugnación, causado por la concejal, fue invalidado por el intendente, quien argumentó que los mismos no estaban vigentes, y esa anulación respalda por la comisión, cuyos integrantes explicaron que la ordenanza 24/17 fija los plazos para tales observaciones.


El vicepresidente de la comisión aseguró que actuaron conforme a derecho y que registraron la votación para la selección de la empresa de servicios para el espectáculo


El intendente de Cafayate, Fernando Almeda, autorizó la adjudicación del servicio a la empresa D&G Producciones, por $ 1.500.000,denegó la de la compañía Slame, por $ 1.089.000. En contestación a la intimación, argumentó que la decisión cuenta con el acuerdo de la comisión organizadora del festival.

El titular de la empresa quitada, Miguel Slame, confirmó que demandará al gobierno de Cafayate por el incumplimiento de la ley 8072, cuyos principios generales se ajustan a transparencia en los procedimientos del sistema de contrataciones.

El vicepresidente de la comisión del festival aseguró que los integrantes analizaron técnicamente cada una de las ofertas y que las decisiones tomadas fueron registradas en actas y firmadas por cada uno de ellos. Además, avisó que la información es pública y accesible.

«Ninguno de nosotros estamos autorizados a hablar en los medios de comunicación. El único es el presidente, (Fernando Almeda). Creemos importante salir a aclarar estos dichos y dar por concluido el tema porque nos afecta a todos; no estamos ocultando nada», concluyó Sergio Casimiro.

Diario Cafayate