Economía Mayo 3, 2019

Contratos de compraventa de productos agrícolas

Contratos compraventa de productos agrícolas

El presente trabajo no debe inducir a poner en tela de juicio la decisión política que ha adoptado a Legislatura provincial mendocina al sancionar la ley 9133 el 11 de diciembre pasado sobre “Contratos de Compraventa de Productos Agrícolas”. Así pues, el presente, consiste fundamentalmente en destacar una de sus características jurídicas más sobresalientes a la luz del Derecho Vitivinícola.

He estado reflexionando, sobre si no podría haberse hecho algo de otra manera, al redactarse el artículo 11 que fomenta la mediación que textualmente dice: “Se establecerá un proceso de mediación obligatoria y previa a la instancia judicial, a la que deberán recurrir las partes en caso de controversias”.

En mi opinión, debió ubicarse en el ámbito del Poder Ejecutivo el trámite de la mediación que se propicia.  Con un mediador profesional, con facultad para intervenir en toda controversia relativo a la conclusión o ejecución de un contrato que tenga por objeto la venta o suministro de productos agrícolas (uvas entre otros), o la venta o suministro de productos alimentarios destinados a la reventa o a la transformación, incluido aquellos litigios ligados a la renegociación del precios.  Y habilitación para tomar cualquier iniciativa tendiente a favorecer la resolución amigable de un conflicto entre productores y establecimientos agroindustriales.

Ese mediador en el que pienso, puede efectuar recomendaciones sobre la evolución de la reglamentación relativa a las relaciones contractuales mencionadas en el párrafo precedente del presente artículo, las que transmitirá al ministro responsable de la economía, infraestructura y energía. Así como, emitir dictámenes sobre toda cuestión transversal relativa a las relaciones contractuales, a pedido de asociaciones u organizaciones profesionales o cooperativas o sindicales. Y, facilitar a las partes conocer el proceso de mediación, mediante sesiones informativas. También, por pedido conjunto del o los ministros pertinentes, debe estar facultado para emitir recomendaciones sobre las modalidades de reparto equitativo del valor agregado entre las etapas de producción, transformación, comercialización y distribución.

A esta altura, el productor e industrial, con razón, se preguntará por qué ese mediador debería funcionar en el lugar del Estado que sugiero: por prontitud en la resolución de controversias, la simplificación del trámite, ya que ha de tener en cuenta el “tiempo agrario”; por la importancia de la especialización, el mediador ha de tratar con elementos diversos naturaleza agrícola, donde se mezclan productos con “ciclo biológico vegetal” distintos; por contener las cuestiones que provocan la mediación un elevado contenido social, cultural y económico que varían de un municipio a otro; por los diferentes modos de producción, transformación y comercialización, especialmente de aquellos productos provenientes de la agricultura orgánica o que gozan de algún signo de identificación de  calidad y origen; la confianza  y solidaridad,  valores más acentuados en el medio rural, y las relaciones personales entre las partes juegan un papel importante, requiere de medidas menos procesales, y más de las que allanen el camino a una pronta solución amigable con peores consecuencias.

Valentín Francisco Ugarte – Abogado
Asociación Internacional de Juristas del Derecho de la Vid y del Vino