Economía Noviembre 13, 2018

Arranca el Documento de Tránsito Sanitario Vegetal

Cuando miramos el futuro, vemos numerosas incertidumbres sobre cómo será el mundo de nuestros hijos, de nuestros nietos y de los hijos de nuestros nietos. Pero al menos, de algo podemos estar seguros: si queremos que la Tierra pueda satisfacer las necesidades alimentarias de los seres humanos que la habitan, entonces la producción agrícola deberá transformarse. Debemos, por consiguiente, trabajar para construir un “futuro viable”. La sanidad de los vegetales, el modelo de su comercialización en el mercado, la responsabilidad del productor, y la vigilancia interna y externa son palabras claves de este mundo en devenir. Frente a este compromiso común, la ley 27.233 supone ser un valioso instrumento para la implementación de las soluciones correctas, por su precisión, enorme cuidado y pensamiento sofisticado. Fiel a ese texto normativo básico se concibe como una pieza esencial el Documento de Tránsito Sanitario Vegetal (DTV), de uso obligatorio en todo el territorio nacional, para combatir le evasión impositiva y garantizar la calidad sanitaria cuando se trate del traslado de productos agrícolas (fruta fresca, hortalizas pesadas, tubérculos andinos, hospedantes de moscas de los frutos y carpocapsa que ingresen desde la zona libre) entre otros. No obstante, tras ese DTV que funciona como si se tratara de una “carta de porte”, hay algo más. Permitirá condiciones de leal competencia entre los productores, y mejorar su rentas con productos de origen exportables; favorecerá el asentamiento y permanencia en las zonas de procedencia de esos productos; también responde a la demanda por parte de los consumidores, de en caso de detección de riesgos y de contaminación, localizar el origen de las partidas y facilitar una rápida respuesta; tiene que ver con presuntos delitos de hurto continuado en fincas y chacras, falsificación documental (decenas de documentos) y apropiación indebida; impulsará el reconocimiento jurídico y de los derechos laborales de muchas mujeres en la explotación agrícola familiar; y supondrá la unificación de otros censos: el de la uva, con el general de la producción agrícola; quienes sean sus portadores, seguramente podrán tener un trato preferente en las ayudas y en las actividades de formación y asesoramiento promovidas por las administraciones públicas (IDR, INV, INTA, INTI, CONICET) y universidades, así como en la consideración de estas explotaciones como prioritarias. Es difícil saber si en la práctica resultará efectivo. La ley, está llena de vida, y tiene enorme potencial, pero para que no quede como un simple brindis al sol, no hay que olvidar, subrayemos la reflexión del jurista Valentín Alsina en oportunidad de proponer el primer Código Rural (1865): “¿Y de qué servirán las más acertadas prescripciones de cualquier Código, si faltan las autoridades encargadas de su vigilancia y cumplimiento? Él caerá al fin en desuso y olvido, como tantas veces se ha verificado respecto de disposiciones esencialmente acertadas”. Tal vez esto se repita, pero tengo la corazonada que nos aguarda una época estimulante en los próximos años; del coraje, honestidad y rigor técnico de los profesionales del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, depende el derecho a la alimentación sana. Valentín Francisco Ugarte – Abogado Asociación Internacional de Juristas del Derecho de la Vid y del Vino

Cuando miramos el futuro, vemos numerosas incertidumbres sobre cómo será el mundo de nuestros hijos, de nuestros nietos y de los hijos de nuestros nietos. Pero al menos, de algo podemos estar seguros: si queremos que la Tierra pueda satisfacer las necesidades alimentarias de los seres humanos que la habitan, entonces la producción agrícola deberá transformarse. Debemos, por consiguiente, trabajar para construir un “futuro viable”. La sanidad de los vegetales, el modelo de su comercialización en el mercado, la responsabilidad del productor, y la vigilancia interna y externa son palabras claves de este mundo en devenir. Frente a este compromiso común, la ley 27.233 supone ser un valioso instrumento para la implementación de las soluciones correctas, por su precisión, enorme cuidado y pensamiento sofisticado.

Fiel a ese texto normativo básico se concibe como una pieza esencial el Documento de Tránsito Sanitario Vegetal (DTV), de uso obligatorio en todo el territorio nacional, para combatir le evasión impositiva y garantizar la calidad sanitaria cuando se trate del traslado de productos agrícolas (fruta fresca, hortalizas pesadas, tubérculos andinos, hospedantes de moscas de los frutos y carpocapsa que ingresen desde la zona libre) entre otros.

No obstante, tras ese DTV que funciona como si se tratara de una “carta de porte”, hay algo más. Permitirá condiciones de leal competencia entre los productores, y mejorar su rentas con productos de origen exportables; favorecerá el asentamiento y permanencia en las zonas de procedencia de esos productos; también responde a la demanda por parte de los consumidores, de en caso de detección de riesgos y de contaminación, localizar el origen de las partidas y facilitar una rápida respuesta; tiene que ver con presuntos delitos de hurto continuado en fincas y chacras, falsificación documental (decenas de documentos) y apropiación indebida; impulsará el reconocimiento jurídico y de los derechos laborales de muchas mujeres en la explotación agrícola familiar; y supondrá la unificación de otros censos: el de la uva, con el general de la producción agrícola; quienes sean sus portadores, seguramente podrán tener un trato preferente en las ayudas y en las actividades de formación y asesoramiento promovidas por las administraciones públicas (IDR, INV, INTA, INTI, CONICET) y universidades, así como en la consideración de estas explotaciones como prioritarias.

Es difícil saber si en la práctica resultará efectivo. La ley, está llena de vida, y tiene enorme potencial, pero para que no quede como un simple brindis al sol, no hay que olvidar, subrayemos la reflexión del jurista Valentín Alsina en oportunidad de proponer el primer Código Rural (1865): “¿Y de qué servirán las más acertadas prescripciones de cualquier Código, si faltan las autoridades encargadas de su vigilancia y cumplimiento? Él caerá al fin en desuso y olvido, como tantas veces se ha verificado respecto de disposiciones esencialmente acertadas”. Tal vez esto se repita, pero tengo la corazonada que nos aguarda una época estimulante en los próximos años; del coraje, honestidad y rigor técnico de los profesionales del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, depende el derecho a la alimentación sana.

Valentín Francisco Ugarte – Abogado
Asociación Internacional de Juristas del Derecho de la Vid y del Vino