Política Enero 8, 2020

Gobierno de Cafayate contra manifestantes, políticos y funcionarios

municipalidad de Cafayate

El gobierno de Cafayate respalda la denuncia que su secretario de obras públicas, Ignacio Carón, efectuó contra manifestantes por los presuntos de amenazas y coacción. El oficialismo pide en la fiscalía las diligencias de investigación penal.

Carón denunció por amenazas y coacción a la ex concejal Rita Guevara y al reportero Enrique Figueroa, junto a dos ciudadanos más: Beatriz Cutipa y Cristian Moroni. También pidió que se investigue a Pedro Ladrón de Guevara, el vecino que acusó al funcionario de haberlo atropellado con su auto.

La titular de gobierno, Emilia Camacho, dijo que Carón será patrocinado por los asesores de Cafayate, Mariana Mamani Manzano y Cesaero Pastrana, y que aportará un pack de fotos y videos como prueba documental para demostrar la veracidad de los dichos del secretario de obras.

El Código Penal Argentino establece pena de seis meses a dos años por el delito de amenazas, y de dos a cuatro años por el de coacción. Las coacciones por amenazas son entendidos como delitos contra la libertad.


El gobierno señaló también el accionar de la actual legisladora, Patricia Castro, y del ex candidato a concejal, Gastón Cecconi Saldaño, ambos opositores a la administración de Fernando Almeda


La fiscalía puede exigir una pericia médica, para determinar si Pedro Ladrón de Guevara fue lesionado por Ignacio Carón, ya que el vecino denunció al funcionario de haberle provocado la rotura de los ligamentos de una de sus piernas.

Una de las hipótesis, que sostiene el oficialismo, es que Ladrón de Guevara se arrojó delante del automóvil de Ignacio Carón, para justificar los hechos de violencia que terminaron con el funcionario golpeado y con parte de su vehículo destruido.

También, que esos hechos fueron en parte organizados por un sector político opositor al gobierno de Cafayate, y que “existen pruebas de chats privados” que así lo demuestran.

Por último, varios funcionarios denunciaron “violencia e intimidación” por parte de manifestantes que reclamaban por el desbordamiento del río Chuscha; un desastre que ocasionó daños en comercios y viviendas y que obligó a la evacuación de al menos 36 personas.

Diario Cafayate