Sancarleños asisten a un proceso político histórico

iglesia San Carlos Salta

Dos concejales oficialistas y uno opositor le iniciaron juicio político por mal desempeño al intendente. El proceso de destitución es un antecedente histórico de vital importancia para la democracia de los sancarleños

El intendente de San Carlos es ineficaz y rompe la norma de la moral convencional, cuando orienta sus acciones en contra de su propia comunidad en el marco del gobierno municipal.

En su carácter de intendente, es el último y principal responsable por los diecinueve cargos en su contra y por obstaculizar las posibilidades de control que ejercen los concejales.

Más grave aún, es que su presunto mal desempeño genera condiciones aptas para obstaculizar la posibilidad de cumplimiento del mandato constitucional y que podría dejar a los sancarleños sin el intendente que ellos eligieron democráticamente.

Entonces, es verdaderamente importante que el Concejo Deliberante efectivice la responsabilidad política del intendente por medio del juicio político como eficaz instrumento para asegurar la fortaleza institucional.


El juicio político al intendente será para San Carlos construcción colectiva, porque se juzgará a Héctor Raúl Vargas por ejercer la función pública de manera contraria al interés y beneficio de los sancarleños


Los concejales (representantes directos del pueblo) preguntan al intendente: ¿por qué no contesta los pedidos de informe?, ¿por qué no presenta la rendición de cuentas? ¿por qué no ha iniciado las obras? y el funcionario no responde.

Entonces, el Concejo Deliberante pone un límite a la tolerancia del pueblo y desalienta la inconducta de la intendencia, a través de un proceso de destitución que realiza por medio de evaluación acerca de 19 causas que suponen que el funcionario hizo mal su trabajo.

El juicio político busca ser un contrapeso y obstáculo a las arbitrariedades que pudieran surgir. San Carlos no puede tener gobernabilidad si el intendente goza de irreprochabilidad en su actuar y si la falta de control de los concejales solo da pié a comportamientos arbitrarios.

Pero, en definitiva, quien debe juzgar al intendente – y eventualmente hacerlo cesar en su mandato- es quien lo instituyó en el cargo: los electores y los concejales sancarleños. Pueden hacerlo por medio de una «revocatoria popular» o por medio de un «juicio político».

Diario Cafayate