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Inició el juicio político contra el intendente de Cafayate

Almeda y Condori Cafayate

Juicio Político, Cafayate

Fernando «Casita» Almeda, afronta un juicio para evaluar su responsabilidad como funcionario, a los fines de determinar la continuidad o cese de su mandato. El proceso, en el que se garantiza el derecho de defensa del intendente como acusado, es dirimido por los siete concejales de Cafayate.

Estando las causales, el procedimiento y las posibles sanciones previamente establecidas, una comisión conformada por los concejales Facundo Guzmán (vocal), Cristian Avellaneda (vicepresidente) y Patricia Castro (presidenta) lleva a cabo la investigación del (correcto o incorrecto) desempeño del intendente.

La apreciación de Guzmán (Frente de Todos), Avellaneda (Primero Salta) y Castro (UCR), será para determinar la conveniencia del mantenimiento en el cargo o la destitución del intendente (acusado con 6 cargos en su contra). Es decir, será una evaluación política (no judicial) que harán sobre Almeda.

Para ello, el concejal Facundo Guzmán solicitó la inspección de la planta adoquinera, la cual examinó junto a sus colegas Avellaneda y Castro, y requirió al secretario de gobierno, Marcos Arjona, a la asesora legal, Emilia Camacho, y a la inspectora de obras públicas, Fátima Tiberi, los asuntos al respecto.


Un fallo condenatorio del Concejo Deliberante dispondría la destitución del intendente y, eventualmente, su inhabilitación para ocupar cargos públicos


El juicio no es para castigar a Almeda sino para proteger a los cafayateños de las graves irregularidades que pudiere haber cometido el funcionario; no afecta a la persona ni a sus bienes sino que se interesa en el desempeño del cargo.

La «mala conducta» o comisión de «delitos» en el ejercicio de la función, son supuestos sobre los cuales es justo juzgar a un intendente; es la facultad que tiene el Concejo Deliberante como organismo de control «político» del poder ejecutivo.

Todos los concejales consideraron que existen méritos suficientes para establecer la necesidad de iniciar un proceso investigativo, habiendo el intendente omitido información sobre asuntos delicados tales como la adquisición de manera directa de la máquina bloquera, administración de fondos para desarrollo de red de agua de Finca El Socorro, rectificación y entubado de planta potabilizadora, construcción y adjudicación de 40 viviendas del IPV, concesión de locales comerciales en la terminal de ómnibus y destino de fondos públicos de las cuentas municipales, entre otros.

Finalmente, y en el hipotético caso que correspondiere la destitución de Almeda, los concejales podrán declarar la remoción del cargo con dos tercios de los votos a favor. A partir de entonces, el intendente podrá apelar con efecto suspensivo ante la corte de Justicia de la Provincia, que deberá expedirse en un plazo no mayor de sesenta días.

Diario Cafayate