Comenzó el juicio político contra el intendente de San Carlos

politico en medio de comunicacion

El juzgado de paz de Cafayate notifició al intendente de San Carlos, para que entienda que el Concejo Deliberante le inició un juicio político y para que sepa los cargos por los que se lo investiga

Héctor «Rulo» Vargas, afronta un juicio para evaluar su responsabilidad como funcionario, a los fines de determinar la continuidad o cese de su mandato. El proceso, en el que se garantiza el derecho de defensa del intendente como acusado, es dirimido por los tres concejales de San Carlos.

Estando las causales, el procedimiento y las posibles sanciones previamente establecidos, una comisión conformada por los concejales Mario Choque (PV) (presidente) y Hernán López (PJ) (vicepresidente) llevará a cabo la investigación del (correcto o incorrecto) desempeño del intedente.

La apreciación de Choque y López, junto a la del tercer concejal Enzo Rodríguez (PAIS), será para determinar la conveniencia del mantenimiento en el cargo o la destitución del intendente (acusado con 19 cargos en su contra). Es decir, será una evaluación política (no judicial) que se hará sobre Vargas.

Para ello, los tres concejales (dos oficialistas y un opositor) participaron al juzgado de paz de Cafayate para que notifique al intendente Vargas del inicio del juicio político en su contra y requirieron al secretario de gobierno, Marcelo Chauqui, la presentación de documentación necesaria para concretar el proceso de investigación.


Un fallo condenatorio del Concejo Deliberante dispondría la destitución del intendente y, eventualmente, su inhabilitación para ocupar cargos públicos


El juicio no es para castigar a Vargas sino para proteger a los sancarleños de las graves irregularidades que pudiere haber cometido el funcionario; no afecta a la persona ni a sus bienes sino que se interesa en el desempeño del cargo.

La «mala conducta» o comisión de «delitos» en el ejercicio de la función, son supuestos sobre los cuales es justo juzgar a un intendente; es la facultad que tiene el Cocejo Deliberante como organismo de control «político» del poder ejecutivo.

Los concejales consideraron que existen méritos suficientes para establecer la necesidad de iniciar un proceso investigativo, habiendo el intendente omitido informacion sobre asuntos delicados tales como la administración de recursos, ejecución de obras, rendición de ingresos del camping y hostería municipal, supuesta emisión de una moneda virtual y falta de inicio de construcción de viviendas.

Finalmente, y en el hipotético caso que correspondiere la destitución de Vargas, los concejales Rodríguez, López y Choque podrán declarar la remoción del cargo con dos tercios de los votos a favor. A partir de entonces, el intendente podrá apelar con efecto suspensivo ante la Corte de Justicia de la Provincia, que deberá expedirse en una plazo no mayor de sesenta días.

Diario Cafayate