República Marzo 27, 2018

Libertad de expresión y crítica política simbólica y escenificada: El caso español

España quema foto reyes

La Corte Europea de Derechos Humanos, mediante sentencia de 13 de marzo de 2018 en el asunto “Stern Taulats y Roura Capellera vs España”, ha declarado por unanimidad que el país europeo ha vulnerado el artículo 10 referido a la libertad de expresión, de la Convención Europea de Derechos Humanos, en relación a la condena en sede nacional de dos españoles que quemaron una fotografía de los reyes de España, en una manifestación pública durante la visita oficial del Rey a Girona en septiembre de 2007.

El caso es de interés puesto que, nuevamente, se pone en escena y discusión, los límites de la libertad de expresión, en el enojo político de los ciudadanos, expresado en la escena pública, cuando esta pudiere afectar de algún modo la integridad personal del Rey y en cierta forma, institucional, del Estado Español. Cobra cierto interés lo de la libertad expresiva en materia de agravios a figuras políticas, cuando en Argentina, por ejemplo – con una entidad muchísimo menor- se ha denunciado por “discriminatorio”, se amenazó con despidos en la televisión pública o se pretendió penalizar con la clausura de un encuentro deportivo, el hecho de emitir una serie de expresiones (un canto futbolero), viralizadas por múltiples medios – en especial redes sociales y televisión- consistente en gruesos insultos al Presidente de la Nación, que incluyen versiones al estilo tango, jazz, blues, con violín, bombo, acordeón, piano en variaciones que iban de ‘música clásica al folclore, cumbia, etc. Allá la quema de fotografías, aquí el insulto a la madre, en ambos la crítica política, simbólica o artística, con connotaciones personales, en plena escena pública.

Los hechos del caso: la importancia de la “escena”:

En aquella ocasión en Girona, y montando una escenificación para la protesta, tuvo lugar una manifestación simbólica en la que los sancionados, en una plaza pública, prendieron fuego a una fotografía de los reyes, de amplias dimensiones, en la que estos aparecían boca abajo. Como consecuencia del inicio de acciones penales, fueron condenados a 15 meses de prisión por el delito de “insultos a la Corona”. Con posterioridad, el juez les conmutó la pena por el abono de una multa de 2.700 euros a cada uno de ellos, pero ordenó que, en el caso de falta de pago total o parcial de la multa, los demandantes tuvieran que cumplir la condena de prisión. El 5 de diciembre de 2008 la Audiencia Nacional confirmó la sentencia.

Los demandantes abonaron la multa en cuanto la sentencia adquirió firmeza. No obstante, interpusieron un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional Español, que resolvió que el acto por el que habían sido condenados no podía enmarcarse en el ámbito de la libertad de expresión y de opinión, y consideró que la protesta de los demandantes había desbordado los límites de la libertad de expresión y eran culpables de “incitación al odio y a la violencia contra el rey y contra la monarquía”, la persona y la institución del Estado Español.

Recuérdese que en España, y según su Constitución el Rey es el Jefe del Estado, “Símbolo de su unidad y permanencia”,…”la persona del Rey es inviolable” (art. 56 CE) y recibe de los presupuestos del Estado una cantidad global para el “sostenimiento de su familia y de su casa” (sic) y distribuye libremente la misma.

Recorrida las instancias nacionales, decidieron llevar el caso por ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo, denunciando la afectación de la libertad de expresión y su relación con la libertad de conciencia y religión.

Lo que dice el fallo sobre la quema de fotos y la crítica política simbólica:

La Corte Europea de Derechos Humanos ha dejado establecido que el acto de protesta por el que fueron condenados en España, formaba parte de una crítica política, no personal, de la monarquía en general, y del Reino de España como nación en particular (“La Cour note d’abord que l’acte reproché aux requérants s’inscrit dans le cadre de la critique politique, et non personnelle, de l’institution de la monarchie en général et en particulier du Royaume d’Espagne en tant que nation).

El “acto escenificado” recurrido, tenía como intención llamar la atención de la opinión pública y formaba parte de un debate sobre temas de interés general, como son la independencia de Cataluña, la estructura monárquica del Estado y una crítica del rey como símbolo de la nación española. No supuso un ataque personal al rey de España con el fin de insultar o denigrar su persona, sino una denuncia de lo que representa el rey como Jefe y símbolo del Estado y de las fuerzas que, según los demandantes, habían ocupado Cataluña (“300 ans de Bourbons, 100 ans de lutte contre l’occupation espagnole “), que se enmarca en la esfera de la crítica política o de la disidencia, y se corresponde con la expresión del rechazo de la monarquía como institución.

La simbología utilizada para efectuar la protesta es claramente política, el lugar elegido, las dimensiones de la fotografía, etc., todo tiene que ver con la puesta en escena, en que la crítica política se expresa: la imagen del rey en tamaño real, para asegurar su visibilidad y prenderle fuego; que esa fotografía esté puesta boca abajo como expresión de su rechazo u oposición radical; que tenga lugar en una plaza pública. Sostiene el Tribunal que el acto de los demandantes podría enmarcarse, por tanto, entre los “actos” progresivamente “escenificados” con el fin de atraer la atención de los medios, y que básicamente utilizaron cierto nivel de provocación permitido para transmitir un mensaje crítico, en el marco de la libertad de expresión (…constate qu’il s’agit d’éléments symboliques qui ont une relation claire et évidente avec la critique politique concrète exprimée par les requérants, qui visait l’État espagnol et sa forme monarchique : l’effigie du Roi d’Espagne est le symbole du Roi en tant que chef de l’appareil étatique, comme le montre le fait qu’elle est reproduite sur la monnaie et les timbres, ou placée dans les endroits emblématiques des institutions publiques ; le recours au feu et le positionnement de la photographie à l’envers expriment un rejet ou un refus radical, et ces deux moyens sont utilisés comme manifestation d’une critique d’ordre politique ou autre; la dimension de la photographie semblait destinée à assurer la visibilité de l’acte en cause, qui a eu lieu sur une place publique. Dans les circonstances de la présente espèce, la Cour remarque que l’acte reproché aux requérants s’inscrivait dans le cadre de l’une de ces mises en scène provocatrices qui sont de plus en plus utilisées pour attirer l’attention des médias et qui, à ses yeux, ne vont pas au-delà d’un recours à une certaine dose de provocation permise pour la transmission d’un message critique sous l’angle de la liberté d’expression “).

En sentido contrario a lo que sostuvo en Tribunal Constitucional Español, la intención de los demandantes no era incitar o exhortar a nadie a cometer actos de violencia contra el rey – no hay una provocación por odio-, incluso aunque la “actuación” suponía quemar una imagen del emblema del Estado. De hecho, un acto de este tipo debería interpretarse como una expresión simbólica de desafección y protesta. Si bien el “acto escenificado” suponía quemar una imagen, ello supone un medio de expresar una opinión en un debate sobre un tema de interés público, como lo es la institución monárquica.

No convencieron los argumentos defensivos de España relativos a que el acto recurrido pudiera razonablemente interpretarse como incitación al odio o a la violencia. En este asunto, la incitación a la violencia no puede deducirse del examen conjunto de los “decorados” utilizados para escenificar el acto, o del contexto público y de protesta ante la visita, en el que se produjeron; tampoco puede establecerse sobre la base de las consecuencias del acto, que no provocó disturbios o comportamientos violentos. En el contexto de los límites a la libertad de expresión de los hombres políticos – el Rey lo es- debió ser especialmente tolerante (une plus grande tolerance) con la crítica política, de la masa de ciudadanos.

Conclusiones:

El Tribunal Europeo, en síntesis, establece en ese contexto de “mise en escene” para protestar del modo más agresivo, que la libertad de expresión no está solamente para proteger ideas inofensivas o indiferentes; se extiende a aquella ideas hirientes, impactantes o molestas: estas son demandas de pluralismo, tolerancia y amplitud de miras, sin las que no puede existir una “sociedad democrática” y el progreso y florecimiento de sus ideas políticas.

Como aquí, la protección que la Convención Europea provee a la libertad de expresión, no es solamente para información o ideas que nos gustan sino esencialmente para aquellas que nos “chocan, hieren o inquietan” y para las cuales el Gobierno, no debiera imponer una pena, o agraviarse del odio o la incitación a la violencia que a su parecer, representan.

Una pena de prisión, entonces, impuesta por un supuesto delito cometido en el marco de un debate político, en lo que representa la mayor desaprobación legal del comportamiento, constituye una interferencia inadmisible con la libertad de expresión que no guarda proporción con el objetivo legítimo perseguido o necesario en una sociedad democrática.

Sebastián Aguirre Astigueta – Abogado Constitucionalista