República Octubre 9, 2017

Libertad de prensa y chismes de pueblo

libertad de prensa y chisme de pueblo diario cafayate

CAFAYATE (redacción) – El diccionario de la real academia española explica que el significado de “chisme”, se asocia a los comentarios que sobre una determinada persona, murmuran algunas otras, pudiendo ser  una noticia verdadera o falsa.

La expresión viene a cuento de un reciente fallo de la Corte Suprema de Argentina (“Gelblung”), que ha confirmado una sentencia sobre la responsabilidad civil de un director periodístico y un medio, como consecuencia de la propalación de información falsa, que atribuía a una persona la participación en un crimen de una menor – de gran repercusión social-, en un pequeño pueblo del interior del país. La noticia además le atribuía el carácter de “amante” de la madre de la niña asesinada, todo esto generado como consecuencia de la recolección de versiones periodísticas de lo que la gente del pueblo decía sobre ese crimen (claramente chismes), en lugares comunes.

La Corte Argentina repasa en el fallo el intenso estándar de protección de la libertad de prensa elaborado en 1986, al dictar el conocido precedente “Campillay”. Hace una escueta mención también a otro de los estándares de protección, conocido como “real malicia” originado en el conocido caso “Morales Sola”. A ello referiré  un breve análisis.

La “doctrina” Campillay:

En aquel precedente la Corte estableció, sucintamente, que quien propala información de interés público, no es responsable por los daños que ello pudiera causar, sólo si “concurren determinadas condiciones. Dice: “A los efectos de fomentar la difusión de información necesaria para la configuración de una sociedad democrática, la doctrina “Campillay” protege a quien atribuye –de modo sincero y sustancialmente fiel- la información a una fuente identificable, utiliza un discurso meramente conjetural que evita formas asertivas o deja en reserva la identidad de las personas a quienes involucra la información difundida, evitando suministrar datos que permitan conducir a su fácil identificación”.

Estas condiciones, según ha entendido la Corte, son consecuencia de “un enfoque adecuado a la seriedad que debe privar en la misión de difundir noticias que puedan rozar la reputación de las personas -aún admitida la imposibilidad práctica de verificar la exactitud-” de la información difundida. Se trata de una de las maneras en que ha podido ser articulado un razonable equilibrio entre la fuerte tutela constitucional que recibe la libertad de expresión y la protección de otros derechos individuales que reconocen también fuente constitucional”.

Entiende el Tribunal que los demandados no lograron acreditar la existencia de ninguna de las circunstancias eximentes de responsabilidad que fija la doctrina “Campillay”. Es que se comprobó en autos que el informe televisivo que agraviaba al actor se originaba en una investigación propia del equipo periodístico que había relevado simples chismes de pueblo, buscando la noticia en “lugares comunes donde la gente se reúne” para preguntar: ¿quién fue?”, como técnica de investigación periodística. Se acreditó por los diálogos del informe que la pista investigativa, surgió en un bar de la zona y a las dos de la mañana, dado que alguien había contestado que el que mató a la niña fue “el amante de la mujer”. Los periodistas afirmaron que esa línea de investigación conducía al demandante, de quien se dijo que además sería el amante de la madre de la menor, ubicándolo inclusive, en otra parte del informe televisivo, falsamente en la escena del crimen, “donde habría sido sorprendido en compañía de la madre por la menor asesinada”, tal el “motivo” supuesto del delito.

En opinión de la Corte la atribución realizada por periodista a la fuente de la noticia como lo dicho por “alguien” constituye una mera referencia genérica e indeterminada y, por ende, no opera como “fuente” en el sentido de la doctrina “Campillay”. Es que para que un medio periodístico se exima de responsabilidad es preciso que atribuya la noticia a una verdadera “fuente” (distinta, independiente, haciendo transcripción de la información), de modo que la noticia “deje de aparecer como originada por el medio periodístico en cuestión pues, como tiene dicho esta Corte, solo “cuando se adopta tal modalidad se transparenta el origen de las informaciones y se permite a los lectores relacionarlas, no con el medio a través del cual las han recibido, sino con la específica causa que las ha generado” , lo que a su vez permite formarse un juicio certero sobre la credibilidad de la noticia”.

En el caso, no solo se trató de una atribución genérica e indeterminada -se atribuyó la información a “alguien”- sino que, además el periodista consideró como apto para arrojar luz sobre la verdad de lo ocurrido, constituyendo una verdadera “investigación” y no meramente un reporte, , construyendo una versión de los hechos que hizo propia.

“En suma – dice al Corte-, la demandada no puede eximirse de responsabilidad a la luz de la doctrina “Campillay” pues esta no protege al medio cuando deja de ser un simple difusor de una información originada en alguna fuente distinta y se transforma en el autor de una información dañosa o agraviante”.

Las otras reglas alternativas y relevantes para la exclusión de responsabilidad de “Campillay” tampoco se dan en el caso porque quien informó no reservó la identidad del afectado sino que permitió – y hasta lo nombró-, su concreta identificación y tampoco utilizó debidamente el tiempo de verbo potencial o la “relativización” de lo afirmado, en todo el informe, dando como resultado que todo el discurso ponga la información en el campo de lo conjetural.

Dijo la Corte que no obsta a la atribución de responsabilidad que en ciertos pasajes de su intervención la periodista utilizara verbos en modo o tiempo potencial (así, al afirmar que el actor “sería” amante) o términos que relativizarían lo afirmado (“aparentemente”). “En efecto, esta Corte ha señalado en reiteradas ocasiones que la verdadera finalidad de esta eximente es otorgar protección a quien se ha referido sólo a lo que puede (o no) ser, descartando toda aseveración, o sea la acción de afirmar o dar por cierta alguna cosa. No consiste solamente en la utilización de un determinado modo verbal -el potencial- sino en el sentido completo del discurso, que debe ser conjetural y no asertivo. Si así no fuera, bastaría

Con el mecánico empleo del casi mágico ‘sería’ para poder atribuir a alguien cualquier cosa, aún la peor, sin tener que responder por ello”. En el caso, las afirmaciones distan mucho de restringirse al campo de lo exclusivamente conjetural y avanzan, por el contrario, en el terreno de lo asertivo….  El sentido global del discurso excedió lo conjetural y tuvo la potencialidad de crear sospechas en el público respecto de la participación del demandante en el hecho delictivo de marras, lo que coloca al caso fuera de la tutela de la doctrina analizada”.

Finalmente consideró que no resultaba de aplicación al caso la protección agravada prevista por la doctrina de la “real malicia” y que bastaba la simple culpa para atribuirles responsabilidad a los demandados.

Conclusiones

Con este fallo tenemos, en materia de conflicto entre libertad de prensa y derechos individuales, la ratificación de la rigurosidad del examen de las condiciones de aplicación de “Campillay” y la revalidación de la tesis de la “simple culpa” para aligerar la carga probatoria de los demandantes frente al dificultoso estándar probatorio de la “real malicia” (originado, en “Morales Solá”). Se observa también que la ratificación de la centralidad de la libertad informativa, en el edificio de una “república democrática” y en favor de la libre circulación de las ideas esencial para el auto gobierno colectivo, como le gusta presentar a la Corte a la libertad de prensa, no exime de responsabilidad frente a los procedimientos investigativos defectuosos de los periodistas.

Creo, por mi parte, que ningún favor le hace al principio de libre difusión de  ideas y noticias en temas de interés público -que la Constitución estratégicamente protege- , el relevar  sin rigurosidad alguna, simples chismes de pueblo, con la acrecentada potencialidad dañosa para el honor y la dignidad de las personas, que tienen por lo general estas habladurías sin sentido.

Como dice la profesora María Angélica Gelli, la doctrina “Campillay”, considerada con razón un valioso y original precedente de la Corte Argentina que sirve todavía de pauta para los medios de comunicación social en su tarea de informar, implica – en el uso de la opción del discurso no asertivo por parte de los periodistas-, esencialmente una cuestión ética, a lo que se suma ahora una cuestión profesional, al rechazar tácitamente con el fallo comentado, el procedimiento periodístico de recolectar chismes de pueblo considerándolo verdaderas “fuentes” (en el sentido tuitivo de “Campillay”), afectando la calidad informativa, la credibilidad de la información y en el caso derechos de terceros.

Sebastián Aguirre Astigueta – Abogado constitucionalista