República Noviembre 13, 2017

Libertad de expresión, estabilidad laboral y progresividad en un fallo de la Corte IDH

abogado sebastián aguirre astigueta salta

CAFAYATE (redacción) – En un reciente e inédito precedente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dictó una condena específica por la violación del artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (una cláusula abierta de desarrollo progresivo, de validación de mayores derechos), que integra los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de ese tratado, con motivo de la vulneración del derecho al trabajo, en particular de los derechos a la estabilidad laboral y de asociación por parte del Estado Peruano a un trabajador, Alfredo Lagos del Campo, que era además un líder sindical.

El caso versaba sobre manifestaciones a un medio periodístico sobre amenazas y  presiones del empleador en relación a una elección interna de los trabajadores de la empresa que motivara un despido, considerado con justa causa o justificado, según la legislación interna de Peru.

En esta ocasión, la Corte encontró responsable internacionalmente al Estado del Perú como consecuencia del despido irregular del trabajador y sindicalista, según determinó en su Sentencia dictada el 31 de agosto de 2017 y que se dio a conocer recientemente (noviembre 2017), en el Caso “Lagos del Campo vs Peru”

La Corte IDH establece que para determinar el alcance y contenido del derecho a la estabilidad laboral en los términos del artículo 26 CADH (una verdadera norma o regla de reconocimiento convencional) debe recurrirse de manera interpretativa e integrativa a la Carta de la OEA y la Declaración Americana sobre Derecho y Deberes del Hombre, así como conforme con las reglas de interpretación establecidas en el artículo 29 de la Convención, al corpus iuris internacional y regional, e indudablemente a la legislación peruana.

En este sentido, determinó que las obligaciones del Estado Peruano en cuanto a la protección del derecho a la estabilidad laboral, en el ámbito privado, se traducen en deberes específicos de protección para el Estado. En el caso en particular, la Corte IDH resaltó que frente al despido improcedente por parte de la empresa, el Estado Peruano no había adoptado las medidas adecuadas con el fin de proteger la vulneración del derecho al trabajo imputable a terceros, por haber avalado el despido en sus sucesivas instancias judiciales. Esos deberes específicos de protección debían traducirse en la reinstalación en su puesto de trabajo, una adecuada indemnización o el mantenimiento de los beneficios sociales correspondientes.

Con motivo de la violación de sus garantías y luego de casi 30 años Lagos del Campo perdió su empleo, la posibilidad de acceder a una pensión por jubilación, así como ejercer sus derechos como representante de los trabajadores. Lagos hoy tiene 87 años.

En su decisión la Corte IDH consideró que el Estado peruano no tuteló el derecho a la estabilidad laboral, derivado de la interpretación del artículo 26 de la Convención Americana (desarrollo progresivo de los derechos sociales) en relación con los artículos 1.1, 13, 8 y 16 de la misma. Asimismo, y siguiendo las aristas del caso, la Corte IDH declaró también por parte del Estado Peruano la violación de los derechos a la libertad de expresión, garantías judiciales y acceso a la justicia, dispuestos en la Convención Americana.

El caso es importante porque, en mi opinión, en vista a las reformas del Derecho interno que acomete Argentina para flexibilizar las condiciones de trabajo, las modificaciones legislativas a implementar – en especial respecto de la conservación del trabajo ante el cese abrupto y el derecho a su adecuada compensación- deberán ser analizadas a la luz de la doctrina de este precedente (lo que establece sobre la progresividad de los derechos sociales), dada la importancia del mismo, su novedad y su indudable vigencia a la luz de los estándares de Convencionalidad que deben seguirse en las instancias internas de los Estados y por todas las autoridades públicas siguiendo aquellos estándares(sobre la obligatoriedad de seguir tales precedentes y por todas las autoridades incluidas las legislativas véase un viejo artículo, AGUIRRE ASTIGUETA SEBASTIAN, “El control difuso de convencionalidad”, Año XXVIII, número 23, Revista Doctrina Judicial, Bs. As.)

En especial se destaca en este fallo cierta doctrina sobre lo que en Argentina conocemos como el principio de conservación del trabajo y su relación con la tutela judicial efectiva y el derecho a la justa indemnización ante el cese abusivo, que estuvieron ausente, con excepción de la primera instancia, en todas las instancias posteriores de la sede interna peruana.

Creo que el caso será de relevante importancia en Argentina, de avanzar aquellas reformas legislativas, que en muchos sentidos son regresivas y no “progresivas” como lo demanda el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y dado aquello de que hoy en nuestro país, todo juez argentino debe ser además un juez interamericano, aplicando primordialmente ya no solo la normatividad OIT sino también aquel sistema, sus precedentes y la interpretación que de las normas de DDHH hacen los órganos de sistema, por más que Argentina no haya sido la parte demandada en aquella instancia.

Se trata de un inevitable análisis de Convencionalidad a la luz de los precedentes de la Corte IDH, que últimamente viene teniendo -hay que decirlo- un diálogo más que áspero con la Corte Argentina, dado sus últimos intentos de abstraerse o desligarse del sistema Interamericano, con argumentos que la comunidad internacional no deja de criticar.

De la Redacción de Diario Cafayate – Abogado Constitucionalista Sebastián Aguirre Astigueta