Editorial Octubre 17, 2016

El asesor de Cafayate que se metió en el debate público por la Revista Barcelona

Sebastián Aguirre Astigueta asesor de la Municipalidad de Cafayate

Luego de que la juez Susana Nóvile, a cargo del Juzgado Civil N° 108 de la Capital Federal, condenara a la revista Barcelona a indemnizar a Cecilia Pando con 40 mil pesos por “daño moral”, quien se desempeñara como Director del Instituto de Derecho Constitucional y Ciencias Políticas, del Colegio de Abogados de Salta, Sebastián Aguirre Astigueta, defendió la libertad de expresión de los periodistas.

Según la magistrado Nóvile, la revista Barcelona le ocasionó a la líder del grupo de familiares y amigos de militares procesados durante la última dictadura, Cecilia Pando, un daño moral al publicar un fotomontaje que se burlaba de su encadenamiento frente al Ministerio de Defensa, en agosto de 2010. Por ésta razón, Aguirre Astigueta escribió sobre el caso y el debate público entre la sátira y los daños infligidos a figuras públicas.

Las jefaturas de redacción de Diario Cafayate y Radio Impacto FM 98.5 accedieron a la publicación del Doctor Sebastián Aguirre Astigueta, titulada: “El caso de la Revista ´Barcelona´ y el debate público ante la sátira y los daños infligidos a figuras públicas”, al considerar que la misma representa un gran aporte para la comunidad y para los trabajadores de prensa de la República Argentina.

El fallo

“El reciente fallo de primera instancia a favor de Cecilia Pando, por el que se condena a la Revista Barcelona a indemnizarla por daño moral, en razón de la publicación de una sátira en su contratapa en la que se exhibía –en un fotomontaje, con distintas leyendas – una mujer desnuda y maniatada con una red con el rostro de Pando, muestra las diferentes aristas en conflicto cuando se trata del alegado daño a una figura pública frente a publicaciones que puedan afectar su honor, en temas de debate público.

La revista claramente satirizaba la protesta de Pando, que se había encadenado al edificio Libertador, para reclamar por la situación de presos acusados de crímenes de lesa humanidad y para ser recibida por la Ministra de Defensa de ese entonces. Obsérvese que, a primera vista, hablamos de dos ejercicios de la libertad de expresión: la protesta de Pando, en un tema de evidente repercusión política, reclamando por los derechos de quienes considera ´presos políticos´ y la sátira periodística de Barcelona, con cierto humor cáustico no sobre el cuerpo –que no era real-, o haciendo alusión a la integridad sexual de Pando, sino por causa y en razón de los fines de su actuación pública.

El caso interesa por el precedente que sienta en relación al Derecho de Información, y por el reclamo de organizaciones de periodistas, que consideran al mismo ´un grave riesgo para el derecho constitucional de la libertad de expresión que prosperen estas clases de demandas. El ejercicio pleno de este derecho humano comprende, entre otros, el derecho a la sátira, que es lo que habitualmente hace la revista Barcelona´”.

La crítica

“La sentencia a primera vista es criticable, porque exhibe un conocimiento superficial de ciertos estándares para fallar en casos de conflictos entre la libertad de expresión y el derecho a la reparación de los afectados por publicaciones que consideran agraviantes. O lo que es más grave, los confunde y hace primar el derecho a la reparación sin exponer los argumentos por los que prescinde de todo el andamiaje conceptual que sostiene a la prensa como una libertad preferida y angular de la democracia, en contradicción a lo que se llama el ´bloque de convencionalidad´ (Constitución más Tratados Internacionales) al que Argentina está obligada a respetar.

No caben dudas que ciertas publicaciones con contenido de sátira o parodia pueden ser consideradas groseras u ofensivas, aún a los ojos de una mayoría en la opinión pública, pero lo que debe criticarse –independiente de la ideología o posición política del agraviado – es el efecto que demandas como estas tienen en relación a la libertad de expresión y al debate público, por la retracción y la censura indirecta que generan en el mundo de ideas y opiniones, vitales para una  democracia.

Y es que el caso no puede decidirse como si se tratara de un simple litigio civil por una indemnización en dinero sino como un juicio en un campo donde el debate y la difusión de opiniones, incluso de burlas y ridiculizaciones enderezadas a aquel fin, se prefiere, por sobre los potenciales daños a los sentimientos de las personas afectadas, sin necesidad de utilizar estándares de lo que es ultrajante, ofensivo o grosero, desde un punto de vista subjetivo, como parámetro.

Ello porque es ´preferible´ relegar el interés individual en la reparación de un daño, por sobre la pérdida de la discusión que esos temas entrañan en una dimensión colectiva. El argumento es simple: con muchas condenas y reparaciones, los medios o los periodistas retiraran del debate, la información, la crítica y las opiniones. Esto es lo que hay que proteger”.

El paralelismo

“Hace muchos años –el paralelismo es inevitable y lo recuerda Gargarella-, la Corte Suprema de los Estados Unidos tuvo ocasión de fallar un caso que fue bien representado en parte de una película por muchos conocida, nominada a algunos Oscars, ´Larry Flynt, el nombre del escándalo´. Al final del filme se expone la decisión de la Corte en el litigio que venía ganando un reverendo norteamericano, Jerry Falwell, líder de una Organización ´Moral Majority´ que buscaba mantener los valores tradicionales y religiosos en la vida pública norteamericana, precisamente todo lo contrario que representaba el demandado, Larry Flynt, dueño de la Revista pornográfica Hustler, y exponente de un anarquismo expresivo. Larry Flyt había publicado una sátira impactante que involucraba a la madre del reverendo en un contexto sexual con el propio afectado, con la intención de burlarse y afectar sus sentimientos.

Cecilia Pando en la contratapa de la revista Barcelona

Ceclia Pando. Contratapa revista Barcelona.

En ese fallo se decide liberar de responsabilidad civil al dueño de la revista, resaltando, entre otras cosas, la importancia fundamental de la libre circulación de idas y opiniones sobre asuntos de interés público. Allí se dijo que el tipo de debate político ´fuerte´, alentado por la primera enmienda, tiene por objeto producir un discurso crítico de las figuras públicas que están íntimamente involucradas en la resolución de cuestiones públicas importantes o que, en razón de su fama, definen acontecimientos en áreas que involucran a la sociedad en su conjunto. Las críticas, inevitablemente, no siempre serán razonadas ni moderadas… las figuras públicas siempre estarán sujetas a ataques vehementes, cáusticos y a veces, desagradablemente incisivos.

Desde ese fallo, en la Corte norteamericana sobrevuela la idea de que la intención de quién publica ideas o informaciones puede ser considerado un factor determinante a fin de imputar responsabilidad por daños, pero la primera enmienda de la Constitución prohíbe semejante resultado en el área del debate público acerca de figuras públicas, si no se ha demostrado que la caricatura o parodia contiene una información falsa que haya sido realizada con intención maliciosa. También que la protección constitucional alcanza a expresiones manifiestamente ofensivas cuando dichas expresiones no podrían haberse interpretado razonablemente como afirmaciones de hechos reales acerca de la figura pública involucrada”.

La cuestión en Argentina

“Creo que el estándar es apropiado y que Argentina merece un caso-y este parece serlo- que profundice el debate y exprese el balance a realizar judicialmente entre los derechos en conflicto, en especial en casos de sátira o parodias a personas que no sean funcionarios públicos, pero que por intervenir en temas de honda sensibilidad social y política, como este vinculados, a la Dictadura y los Derechos Humanos, se vuelvan a los fines del debate público, figuras públicas o asimilables a tales.

Es esperable que el fallo sea revisado a la luz y mediante la combinación de los importantes estándares que al respecto se han elaborado en la Corte Argentina y la Corte Interamericana, para lograr un delicado equilibrio entre Prensa y Daños, en el que en principio debe primar la libertad de expresión, por encima de las afectaciones al honor o intimidad de las personas, en especial de aquellas que, por su fama o notoriedad, actúan o pretenden actuar en el campo de las cuestiones de interés público. Su actuación no está exenta de críticas y parodiarla es una de las posibilidades que se generan para el debate público. Aquí hay que analizar además de las exigencias sobre intención dolosa, y carga probatoria, si hay una diferencia sustancial en materia de protección de la libertad de expresión, cuando lo que se expresa no es una idea o descripción de hecho, sino una opinión o crítica.

Aunque resulte para muchos difícil de entender, esa ponderación y balanceo se realiza, precisamente para el mejoramiento de la discusión de los asuntos públicos, en el que la libertad de expresión es la clave de bóveda para la construcción de una democracia deliberativa y constitucional, y no meramente legal, que nos merecemos los argentinos”.

De la Redacción de Diario Cafayate