Sociedad Abril 4, 2017

Rebotó el referéndum por las 32 hectáreas

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Los dirigentes sociales, Silvio Aguirre y Néstor Gómez, impulsaron un referéndum para llamar a un acuerdo entre el gobierno municipal de Cafayate y la empresa multinacional Pernod Ricard, por el conflicto de la posesión y ocupación de 32 hectáreas, que pertenecen al departamento, pero fue vetado por el Poder Ejecutivo Provincial.

Los representantes sociales habían elaborado un manifiesto en el que instaban, al gobierno municipal y a la empresa multinacional, a superar las dificultades para alcanzar un acuerdo que permitiría la definición de una negociación que comenzó hace un año, pero sin sustento legal, debido a que los mismos omitieron la reforma por convención y la reforma por enmienda.

La celebración de una consulta por la comunidad de Cafayate, amparada en su Carta Orgánica y en la Constitución de la provincia de Salta, era vinculante y efectiva. La única autoridad de aprobación del documento era el Concejo Deliberante, sin posibilidad de veto por parte del Poder Ejecutivo. Sin embargo, los concejales la desestimaron antes de que pudiera llegarse a un acuerdo.

Pero, el manifiesto presentado afrontó un inconveniente para el Concejo Deliberante, más allá de las reformas como principal causante de la negativa. Frente a la situación real, en el reclamo del derecho a decidir, la reglamentación permitiría la votación y por lo tanto su imposibilidad de veto, que resultaría una decisión política y no jurídica.

Quienes promocionaban la iniciativa habían subrayado expresamente que no querían moverse del eje de la discusión y su primera misión, a partir de entonces, sería buscar adhesiones en el resto de Cafayate para concientizar a través de un debate. Los mecanismos para llegar al debate sobrepasaban la capacidad en cuanto a los deberes y atribuciones del cuerpo legislativo y los derechos de los ciudadanos.

La intención de los cafayateños era generar un debate, no solo con los defensores del referéndum, sino también con quienes no quisieran celebrarlo, teniendo en cuenta que lo único inaceptable sería un no como respuesta sin argumentos, para ampararse en una ensayada ilegalidad. El concejal Sergio Casimiro fue el primero en advertir que había un vacío legal y que debía buscarse otra forma.

Si bien la noticia no tuvo una amplia trascendencia, los concejales habían manifestado, semanas atrás, que no se mantendrían al margen de las iniciativas que pudiera tomar el intendente, teniendo en cuenta que los dos tercios del cuerpo deliberante darían apoyo a la reglamentación en favor del referéndum, aunque tras su análisis no fue posible.

“No hay que interpretar demasiado y no es una cuestión de indirectas. De lo que hablamos es de la soberanía de Cafayate que, a través de su poder ejecutivo y legislativo, tiene la obligación de defender”, expresó Néstor Gómez, semanas atrás. Lo cierto es que ni bien ingresó el manifiesto los concejales advirtieron que quienes lo presentaron olvidaron las modificaciones a la Carta Orgánica de Cafayate.

El rebote que sufrió el referéndum por la posesión y ocupación de las 32 hectáreas del departamento Cafayate se analizó desde el artículo 189, capítulo II de la Carta Orgánica Municipal, en la que establecía que los votos emitidos debían superar el cincuenta por ciento de los electores inscriptos para convalidar la moción.

El manifiesto por el derecho a decidir, que no llegó a ser presentado públicamente, debía traspasar una convocatoria a elecciones para legitimar al mismo. Se esperaba que los dirigentes sociales inicien una campaña dirigida a las entidades e instituciones, con el fin de informar el argumento, pero la mala praxis judicial disolvió la moción.

El Referéndum Popular en Cafayate antes del veto del PEP

El intendente de Cafayate está facultado para llamar al electorado a una consulta popular, cuando lo juzgue necesario, por medio de Referéndum Popular. En el caso del Concejo Deliberante la situación es idéntica, aunque para ello necesita la aprobación de la iniciativa por al menos dos tercios de los votos.

En ninguno de los casos la convocatoria puede ser vetada y el sufragio es obligatorio. Es decir que todas las personas en condición de votar deberán pronunciarse por sí, aprobando el tema sometido a Referéndum, o por no, rechazándolo. La mayoría simple de los votos define la elección y el cumplimiento del resultado es obligatorio.

Para que el referéndum resulte válido, la convocatoria al cuerpo electoral debe ser dispuesta por ordenanza, los votos emitidos superar el cincuenta por ciento de los electores inscriptos en los registros electorales y que la decisión corresponda a la mayoría absoluta de los votos emitidos. Aprobado el Referéndum Popular la ordenanza no puede ser vetada y queda promulgada.

En caso que la ordenanza fuera desechada por el Referéndum Popular, la misma no puede ser tratada nuevamente por el Concejo Deliberante sin que haya transcurrido un plazo mínimo de un año desde su rechazo. Las ordenanzas sancionadas como resultado del mismo no pueden ser modificadas durante el mismo plazo.

El Referéndum Popular en Cafayate después del veto del PEP

La Carta Municipal podrá reformarse en todas o cualquiera de sus partes por una Convención convocada para tal fin. En la Ordenanza de convocatoria se determinará si la reforma será total o parcial. La necesidad de la reforma deberá ser declarada por el voto de las dos terceras partes del total de los miembros del Concejo Deliberante.

La iniciativa para reformar la Carta Orgánica corresponderá al Intendente, Concejo Deliberante o por Iniciativa Popular cuando se reúnan los requisitos establecidos en esta Carta Orgánica.

La enmienda de hasta un artículo, con las excepciones hechas en la presente Carta Orgánica puede ser efectuada por el Concejo Deliberante con el voto de los dos tercios del total de sus miembros.

Queda incorporada al texto de la Carta Orgánica si es ratificada por Referéndum Popular, por simple mayoría de votos. La enmienda solo puede llevarse a cabo con dos años de intervalo. Este artículo no puede ser reformado por enmienda.

La enmienda o reforma de un solo artículo y concordantes, puede ser sancionada por el voto unánime de los miembros del Concejo Deliberante por el sistema de doble lectura, en cuyo caso la enmienda o reforma aprobada queda incorporada al texto constitucional.

Enmiendas de esta naturaleza quedan habilitadas después de pasados diez años desde la sanción de esta Carta Orgánica, y podrá llevarse a cabo con un intervalo de dos años entre enmiendas. Este artículo no puede ser reformado por enmienda.

La enmienda o reforma de un solo artículo puede ser resuelta del modo establecido por la presente Carta Orgánica siempre que no se refiera a declaraciones, derechos, deberes y garantías o al presente artículo y no altere el espíritu de esta Carta Orgánica.

De la Redacción de Diario Cafayate